Sharm el Sheij, 10 nov (.).- El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, considera necesario regular los mercados voluntarios de compensación de CO2 porque en su estado actual presentan «vulnerabilidades», como la falta de transparencia, que pueden frenar su desarrollo.

«Los mercados voluntarios de CO2 tienen un papel prometedor que cumplir en el esquema general de control y reducción de emisiones, pero, actualmente, presentan importantes debilidades que meritan cierto nivel de regulación», ha dicho Buenaventura en una entrevista con EFE durante la cumbre del clima de Egipto, COP27.

«Esta regulación debe ser internacional, no a nivel país, como mínimo, a nivel europeo», ha dicho el también vicepresidente del comité de Sostenibilidad de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), que agrupa a supervisores de todo el mundo.

Este comité ha elaborado un informe que advierte de que estos mercados presentan vulnerabilidades en términos de integridad, transparencia, conflictos de interés y calidad de la información, así como a la hora de asegurar que hay una reducción real de emisiones o un seguimiento a lo largo de la vida de cada proyecto.

Estas debilidades ponen en peligro la integridad de estos mercados y dificultan su crecimiento, según Buenaventura, que ha apuntado que para que un mercado crezca debe ser «confiable», como ocurre con los de instrumentos financieros, «aunque esto no sea un producto financiero legalmente aún».

«La adaptación de principios regulatorios aplicados a estos mercados podría cumplir la doble función de, por un lado, poner cierto orden e incrementar su integridad y calidad, y por otro, favorecer su crecimiento basándonos en esa mayor solidez, integridad y transparencia que se pretende conseguir», ha explicado.

El informe será sometido a consulta pública hasta febrero para que industria, inversores y otros reguladores hagan sus aportaciones y analizar si IOSCO debe desarrollar principios regulatorios sobre estos mercados que luego puedan se incorporados por cada jurisdicción, como ya hiciera con agencias de calificación o el euríbor.

Se estima que los mercados de CO2 voluntarios estarían moviendo unos 2.000 millones de euros al año, frente a los 720.000 millones que mueven los derechos de emisión obligatorios, la gran mayoría de ellos en la Unión Europea.

Dado que la práctica totalidad de las transacciones voluntarias son fuera de mercado, existe muy poca información de los precios que se pagan por tonelada de CO2, una «opacidad» que pone en riesgo la finalidad con la que han sido concebidos: aumentar la capacidad de absorción de CO2 de ecosistemas como los bosques.

El Ministerio para la Transición Ecológica creó el Registro de Huella de Carbono para fomentar el cálculo y reducción de emisiones y promover la inversión en proyectos que mejoren la capacidad de España como sumidero mediante la compra de derechos de emisión en un mercado voluntario al que acuden las empresas para compensar sus emisiones en el marco de la responsabilidad social corporativa.

FONDOS VERDES AGLUTINAN EL 35 % DEL PATRIMONIO DE FONDOS ESPAÑOLES

Los mercados financieros se han convertido en el centro de atención para facilitar la transición ecológica y la oferta de financiación se está guiando de forma creciente por las características ambientales de los proyectos que financian, ha apuntado Buenaventura en relación a su asistencia a la COP27.

Los reguladores y supervisores de valores están cada vez más involucrados en la sostenibilidad de las finanzas, tanto porque la normativa lo exige, como por la creciente demanda por parte de los inversores por productos «verdes».

«Nuestra labor no es asegurar la sostenibilidad del producto», sino comprobar que la información sobre esa sostenibilidad de la que presumen se elabora siguiendo las normas existentes y que llega al inversor de forma inteligible, consistente y completa, ha dicho.

Hasta mediados de octubre, había registrados en la CNMV un total de 237 fondos centrados en inversiones con características medioambientales y sociales y otros 14 en inversiones sostenibles.

Estos fondos sumaban un patrimonio 100.000 millones de euros, el 35 % del patrimonio total de los fondos registrados en la CNMV, que puede sancionarlos con entre 300.000 euros y 5 millones en caso de incumplir las normas para poder calificarse como «verdes».

A estos datos, hay que sumar el registro de 45 vehículos de inversión de capital riesgo vinculados a inversiones sostenibles o que promueven la sostenibilidad.

Fuente: Investing