El pleno del Consejo Nacional del Agua, reunido este martes en Madrid, ha sometido a informe los Planes Hidrológicos del tercer ciclo y los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de segundo ciclo, dos herramientas «clave» para la gestión del agua en España.

Este procedimiento constituye el paso previo a la presentación de estos documentos en el Consejo de Estado y, finalmente, ante el Consejo de Ministros para su aprobación definitiva antes de final de año, según un comunicado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Ambos planes, que estarán vigentes durante los próximos seis años, cuentan con una inversión prevista de 22.926 millones de euros para ejecutar las más de 7.000 medidas contempladas.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha expresado que se trata de “un esfuerzo inversor sin precedentes, que marcará un antes y un después en la gobernanza del agua en nuestro país y que nos permitirá una España mucho mejor preparada para los desafíos que están por venir”.

Adaptación al cambio climático

El nuevo ciclo de planificación se centrará en la adaptación al cambio climático y las mejoras que se han incorporado en este nuevo reglamento «buscan incluir esta variable en la planificación hidrológica, y garantizar la unidad y coherencia normativa en todo el territorio».

En España, según las previsiones, las alteraciones del régimen hídrico que se producirán a medio y largo plazo se traducirán en una importante reducción de los recursos hídricos y en un incremento de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, como sequías e inundaciones.

Los planes hidrológicos definen unos caudales ecológicos «más ambiciosos», que aseguran la protección de las aguas y adoptan medidas para reducir las presiones que soportan al actuar sobre las extracciones de agua irregulares, la contaminación o la presencia de especies invasoras.

Además, en este ciclo se han definido caudales ecológicos a todas las masas de agua.

En el marco de adaptación al cambio climático, los planes del tercer ciclo plantean un cambio de tendencia respecto a la utilización de los recursos hídricos.

En concreto, se reducen las asignaciones de agua, que para el conjunto de las demarcaciones intercomunitarias supone pasar de los 28.000 hm³/año, que figuraban en los planes del segundo ciclo, a 26.800 hm³/año.

Mejora del saneamiento y la depuración

Además, los planes del tercer ciclo impulsan acciones como la mejora del saneamiento y la depuración, que permitirán subsanar los retrasos acumulados por nuestro país en el cumplimiento de la normativa europea sobre protección de las aguas residuales urbanas.

Al mismo tiempo, se refuerzan las medidas para luchar contra la contaminación difusa, en línea con la aprobación el pasado mes de enero del real decreto sobre protección de las aguas contra esta contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Por su parte, los nuevos planes de gestión del riesgo de inundación, en coordinación con los Planes Hidrológicos, potencian las soluciones basadas en la naturaleza, la ejecución de medidas de restauración que incrementen el espacio fluvial y la protección de los hábitats y especies.

En colaboración con las autoridades de protección civil, se ha mejorado la identificación de elementos de riesgo para ofrecer una información en los mapas de riesgo de inundación más precisa y ajustada a las necesidades de la gestión de las emergencias.

Se han sacado a la luz datos «relevantes» como el hecho de que en las cuencas intercomunitarias residen cerca de 2,7 millones de personas en zonas inundables y que existen más de 5.600 edificaciones de alta vulnerabilidad.

Estrategia nacional

En cuanto a la preparación, una de las medidas «más importantes» es la elaboración de una Estrategia Nacional de Comunicación del riesgo de inundación y adaptación al cambio climático para mejorar la conciencia pública ante las inundaciones, la percepción del riesgo y la adopción de medidas de autoprotección, lo que incluye el desarrollo de programas específicos para la adaptación en los sectores o ámbitos territoriales más afectados.

Tanto los planes de gestión del riesgo de inundación como los planes hidrológicos han seguido un extenso proceso de tramitación de más de un año y medio de duración.

Durante el mismo han sido sometidos a los debidos procesos de participación y consulta pública, y se han recabado todos los informes pertinentes, lo que les dota de «un marco jurídico robusto de cara a su aprobación».

Fuente: EFEverde