La Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea han alcanzado este jueves un acuerdo político sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca recuperar el 20 % de ecosistemas terrestres y marinos dañados de la Unión Europea para 2030, y todos ellos para mitad de siglo. Es la primera sobre biodiversidad en la historia y pretende cubrir la práctica totalidad de ecosistemas que necesitan restauración para 2050.

«Hemos logrado un acuerdo para recuperar aquello que nos genera no solamente vida, también servicios económicos y sociales, que impacta en el bienestar de las personas y en la viabilidad de la mayor parte de nuestras actividades, incluida, cómo no, la seguridad alimentaria», ha señalado la ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.

«Europa se compromete no solo a conservar y proteger, sino también a restaurar la naturaleza», ha añadido.

En representación de la presidencia española del Consejo de la UE, Ribera se ha desplazado a Bruselas para liderar la negociación final entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo.

El acuerdo político alcanzado en la negociación aún tendrá que ser validado tanto por los Estados miembros a través del Consejo de la UE como por el pleno de la Eurocámara.

Priorización en restaurar los espacios de la red Natura 2000

La Ley de la Restauración de la Naturaleza parte de una propuesta lanzada en diciembre de 2022 por la Comisión Europea para acompasar el paso con los acuerdos sobre biodiversidad alcanzados en la COP15 de Naciones Unidas.

Como complemento de otros instrumentos legales de la UE, como las Directivas Hábitas y Aves o la Red Natura 2000, la nueva normativa busca reparar al menos el 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la UE en 2030 y todos ellos para el 2050 a través de objetivos vinculantes.

El objetivo es invertir el declive de los hábitats naturales europeos, el 81 % de los cuales están clasificados en mal estado.

El acuerdo final contempla que, hasta 2030, se priorice la restauración de los espacios de la red Natura 2000, una de las muchas flexibilidades que se han introducido para forjar un pacto difícil.

Excepciones para los ecosistemas agrícolas

El texto especifica que los Estados deben implementen medidas destinadas a aumentar al menos dos de estos tres indicadores: el índice de mariposas de pastizales, la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas de alta diversidad y la reserva de carbono orgánico en el suelo mineral de las tierras de cultivo. También establece plazos determinados para aumentar el índice de aves comunes en tierras agrícolas. Actualmente, la agricultura intensiva es la causa principal del descenso de aves en Europa.

La Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea han acordado brindar flexibilidad a los Estados a la hora de rehumedecer las turberas. El texto fija objetivos para restaurar el 50 % de las turberas drenadas por uso agrícola de aquí a 2050 (con el paso previo de restaurar el 30 % de ellas de aquí a 2030), aunque «los Estados miembros que se vean fuertemente afectados podrán aplicar un porcentaje menor», indican en un comunicado.

Las medidas de restauración incluyen la rehumidificación de suelos orgánicos que constituyen turberas drenadas, lo que ayuda a aumentar la biodiversidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los colegisladores también coincidieron en que la consecución de los objetivos de rehumidificación no implican una obligación para los agricultores y propietarios privados de tierras.

Otra medida para no perjudicar a los agricultores es que el texto permite suspender las medidas del reglamento hasta un año “por razones de emergencia no esperadas no sea posible cumplir con algunos de estos objetivos en el plazo previsto”, ha explicado la ministra. El acuerdo también aclara que los planes nacionales de restauración no implican la obligación de que los países reprogramen la política agrícola común (PAC) o la financiación de la política pesquera común (PPC).

Para la financiación, se ha acordado que la Comisión presente un informe sobre los recursos financieros disponibles a nivel comunitario, de las necesidades y, si procede, que haga una propuesta para aumentar la dotación en el presupuesto de la UE.